Colombia es una “República Unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales” según reza la Constitución Política de 1991 (artículo 1). La expresión contiene “una antinomia que permanece en la base de los procesos descentralizadores: autonomía sin independencia, descentralizar con centro” (Sarmiento Gómez, 1993).
La descentralización es un momento de la reforma política iniciada a mediados de la década del 80 en el marco de una estrategia para reducir la violencia social y política ampliando la representación política. “Entre 1991 y 1993 los cambios en el sector educación son simultáneos con el movimiento general de descentralización impulsado definitivamente por la nueva Constitución. Las motivaciones explícitas están relacionadas con el manejo de los conflictos sociales y el aumento de la legitimidad política de la actual organización del estado” (op.cit.). En la Constituyente participaron varios grupos guerrilleros desmovilizados y asimilados al sistema democrático. La reforma incluyó la elección popular de gobernadores, la participación de las minorías y la revocatoria del mandato de los congresistas. El artículo 356 de la misma Constitución dispuso que “no se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas”, a la vez que un conjunto de leyes sirvieron para fortalecer los fiscos municipales. Para que contaran con recursos propios se los hizo responsables de la recaudación del impuesto a las propiedades y del impuesto a las ventas.
La descentralización consistió en el traspaso a los entes territoriales, a partir de 1989, de los servicios educativos de nivel preprimario, primario y medio atendidos por el gobierno nacional. La nación proveía más del 90% de los recursos requeridos para el pago de docentes y operaba en 550 establecimientos educativos distribuidos en todo el país. Luego de la sanción de la ley 29 la administración de los docentes y la de las escuelas, así como la supervisión e inspección, fueron transferidas a los municipios (op.cit.). Un instrumento estratégico que acompañó el proceso de transferencia fue la creación -en 1989- del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que “permitió aclarar las obligaciones financieras que se tenían entre la nación, los departamentos, las instituciones de previsión social y los docentes (op.cit.).
A partir de 1990 se reformularon las funciones del Ministerio de Educación Nacional y se fortalecieron las áreas de planificación y desarrollo pedagógico. Cesó por completo la administración directa de servicios.
Hoy desde el Ministerio de Educación Nacional se afirma que una educación es de calidad en la medida en que los estudiantes logren los objetivos propuestos, o alcancen lo que se espera de ellos; en otras palabras: “que aprendan lo que tienen que aprender, en el momento en que lo tienen que aprender y que lo hagan en felicidad” [6]. Es por esa razón, que los sistemas de evaluación dentro y fuera del país centran su atención y sus esfuerzos fundamentalmente en conocer el logro cognitivo de los estudiantes, bien sea en términos de conocimientos, competencias, habilidades del pensamiento, saberes, actitudes, etc.; pues se puede decir que en el aprendizaje de los estudiantes se “resume” o se debe reflejar la mayor parte de todo el quehacer educativo, de todo el trabajo escolar, ya que de muy poco sirve contar con docentes muy preparados, con un plan de estudios bien diseñado, con buenas instalaciones físicas y con excelentes recursos didácticos, si los estudiantes no aprenden, o si escasamente alcanzan las metas básicas propuestas. Aunque no todas las evaluaciones están orientadas a medir exactamente lo mismo, la mayoría de países coinciden en evaluar las áreas centrales del currículo: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, principalmente. “En algunos casos también se evalúan campos no cognitivos como el desarrollo personal y social, aunque estas evaluaciones han tenido básicamente un carácter experimental y, por decirlo de alguna manera, se encuentran en su mayoría en fase de exploración en los países en los que se han implantado sistemas de evaluación” [7].
La descentralización es un momento de la reforma política iniciada a mediados de la década del 80 en el marco de una estrategia para reducir la violencia social y política ampliando la representación política. “Entre 1991 y 1993 los cambios en el sector educación son simultáneos con el movimiento general de descentralización impulsado definitivamente por la nueva Constitución. Las motivaciones explícitas están relacionadas con el manejo de los conflictos sociales y el aumento de la legitimidad política de la actual organización del estado” (op.cit.). En la Constituyente participaron varios grupos guerrilleros desmovilizados y asimilados al sistema democrático. La reforma incluyó la elección popular de gobernadores, la participación de las minorías y la revocatoria del mandato de los congresistas. El artículo 356 de la misma Constitución dispuso que “no se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas”, a la vez que un conjunto de leyes sirvieron para fortalecer los fiscos municipales. Para que contaran con recursos propios se los hizo responsables de la recaudación del impuesto a las propiedades y del impuesto a las ventas.
La descentralización consistió en el traspaso a los entes territoriales, a partir de 1989, de los servicios educativos de nivel preprimario, primario y medio atendidos por el gobierno nacional. La nación proveía más del 90% de los recursos requeridos para el pago de docentes y operaba en 550 establecimientos educativos distribuidos en todo el país. Luego de la sanción de la ley 29 la administración de los docentes y la de las escuelas, así como la supervisión e inspección, fueron transferidas a los municipios (op.cit.). Un instrumento estratégico que acompañó el proceso de transferencia fue la creación -en 1989- del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que “permitió aclarar las obligaciones financieras que se tenían entre la nación, los departamentos, las instituciones de previsión social y los docentes (op.cit.).
A partir de 1990 se reformularon las funciones del Ministerio de Educación Nacional y se fortalecieron las áreas de planificación y desarrollo pedagógico. Cesó por completo la administración directa de servicios.
Hoy desde el Ministerio de Educación Nacional se afirma que una educación es de calidad en la medida en que los estudiantes logren los objetivos propuestos, o alcancen lo que se espera de ellos; en otras palabras: “que aprendan lo que tienen que aprender, en el momento en que lo tienen que aprender y que lo hagan en felicidad” [6]. Es por esa razón, que los sistemas de evaluación dentro y fuera del país centran su atención y sus esfuerzos fundamentalmente en conocer el logro cognitivo de los estudiantes, bien sea en términos de conocimientos, competencias, habilidades del pensamiento, saberes, actitudes, etc.; pues se puede decir que en el aprendizaje de los estudiantes se “resume” o se debe reflejar la mayor parte de todo el quehacer educativo, de todo el trabajo escolar, ya que de muy poco sirve contar con docentes muy preparados, con un plan de estudios bien diseñado, con buenas instalaciones físicas y con excelentes recursos didácticos, si los estudiantes no aprenden, o si escasamente alcanzan las metas básicas propuestas. Aunque no todas las evaluaciones están orientadas a medir exactamente lo mismo, la mayoría de países coinciden en evaluar las áreas centrales del currículo: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, principalmente. “En algunos casos también se evalúan campos no cognitivos como el desarrollo personal y social, aunque estas evaluaciones han tenido básicamente un carácter experimental y, por decirlo de alguna manera, se encuentran en su mayoría en fase de exploración en los países en los que se han implantado sistemas de evaluación” [7].
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